Hoy otra vez leí una nota de opinión en La Nación que muestra un fuerte falta de intención informativa junto con una muy poco disimulada intención de formar opinión a conveniencia de algunas empresas. Además de quejarse de “reglamentarismo excesivo” y defender los “derechos adquiridos” (derechos que nunca pueden estar por encima del bien común y que definitivamdente no incluye monopolios), falla completamente en tomar en cuenta la necesidad de una nueva ley de medios y proponer alternativas a los puntos criticados.
Me llamó particularmente la atención el párrafo:
El artículo 19 permite que la Comisión Bicameral designar al defensor del público. Así, un funcionario oficialista podría ser intérprete, aun de oficio, de los reclamos del público, casi una paradoja. Basta con pensar si el público, en la actualidad, quiere ser interpretado por un hombre del Gobierno.
Además de negar la representatividad del congreso por completo, algo triste para un especialista en instituciones, está bastardeando a los papeles del ombudsman, fiscales, jueces, defensa del consumidor y cualquier entidad pública cuyo propósito sea defender a los ciudadanos. Suponiendo que el autor esté de acuerdo en que exista el papel de defensor del público, me pregunto como pretende elegirlo si no es por la representación más directa que tenemos los ciudadanos, es decir, el Congreso. Quizás pretenda una elección directa (difícil saberlo, no hace ninguna propuesta alternativa). A mí me suena más bien a una chicana para desprestigiar de entrada el concepto, aprovechando la baja imagen del gobierno en los lectores del diario.
La realidad es que el proyecto es mucho mejor que la ley que existe actualmente. La discrecionalidad que tanto se queja, existe hoy. Solo aumentaría la representatividad de los miembros del ente controlante. Y si no alcanza, siempre se puede cambiar el proyecto para que sea más representativo todavía. Pero lo más importante de la ley, que restringe que la cantidad y tipos de medios que una misma entidad puede controlar, es esencial para una mejor democracia. Sobre eso hay consenso, y por más que a Clarín, El Cronista o La Nación no les guste, va a ser aprobado. Después, sobre el tiempo de aplicación y la forma de elegir los reguladores, podemos seguir buscando algo que conforme mejor a todos.
La discrecionalidad y el amiguismo no se pueden evitar solo con leyes. Se evita con una sociedad conciente que se espante y se queje con cada cosa que huele mal. Lo mismo que con la calidad informativa.