Introducción
El planteo de la reestatización de la jubilación ha levantado de nuevo un debate importante en los medios y población argentinos. Y de nuevo encuentro en ambos una falta de visión integral. Nuevamente noto una dicotomía irrelevante que no ayuda a a ver los problemas y encontrar una buena solución. En este nuevo round de la dicotomía nacional hay varios problemas subyacentes. Está el problema de fondo, que es la sustentabilidad del derecho a jubilación. El problema anexo, que es la necesidad del gobierno de financiar los próximos años en un contexto donde es difícil para todos los países encontrar crédito y casi imposible para el nuestro. Y hay varios problemas colaterales, producidos no tanto por el cambio en sí sino más bien por la forma brusca y crispante en que se planteó, que ya es costumbre en el gobierno.
Previsión
Los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo. Es una consecuencia del envejecimiento poblacional y el aplanamiento de la pirámide poblacional. Principalmente en Europa y en EE.UU. el envejecimiento de la población es ya problemático. En Europa se calcula que la población sobre 65 años pasará de un 15% en 1995 a cerca de 23% en 2025. La proporción de jubilados y pensionados comparando a la población económicamente activa está acercándose a 1/1 en muchos países.
En estas condiciones los sistemas de reparto, que son los más comunes, son difíciles de mantener. Exigir que la mitad o más del salario de los trabajadores vayan a mantener a la población retirada y además paguen por salud, educación y demás garantías del estado es impensable. La carga tributaria total sería abusiva.
Debido a estos problemas se ha intentado cambiar el sistema a uno más sostenible. Así surgió en Chile el sistema de capitalización individual de administración privada para pensionados. La idea del sistema es que una empresa privada administre los fondos de los futuros pensionados invirtiéndolos, y así obteniendo un incremento para mejorar las condiciones de jubilación. La Argentina imitó ese sistema en 1994, instalando las AFJPs.
El problema ahora es que en Chile ya es evidente, y en Argentina empieza a serlo, que las AFJPs no van producir suficientes beneficios para garantizar una jubilación de subsistencia. Teniendo en cuenta que el estado está obligado por derechos a dar una jubilación digna, la ventaja que producía el sistema (no tener que preocuparse por jubilaciones), deja de existir. Entonces el planteo es: si las AFJPs no solucionan los ingresos de los jubilados, ¿por qué perder recursos que podría aprovechar el estado en alimentar empresas privadas?
Lo que queda afuera de esa visión simplificada es un análisis más profundo de la viabilidad de cada sistema. La inviabilidad a largo plazo del sistema de reparto ya está evidenciada más arriba, ya que el envejecimiento poblacional es una constante en cualquier país que progrese, por lo cual en algún momento el sistema quiebra. Por otro lado, es aparente por los resultados que los sistemas de capitalización individual tampoco funcionan. Sin embargo, hay que tener en cuenta los detalles para estar seguros de esta afirmación: la idea de los sistemas de capitalización individual es que invirtiendo bien los fondos, estos pueden crecer a una buena tasa y para cuando el aportante se retira su capital es más que suficiente para un buen pasar.
Teniendo en cuenta que hay al menos 30 años entre que una persona empieza a aportar y se retira, hay suficiente tiempo para que las inversiones se compensen y tener una tasa promedio aceptable. En los casos argentino y chileno esta tasa superó el 10% anual, lo cual debería más que compensar las comisiones, a veces ridículas, que las administradoras cobraron.
Entonces, ¿por qué no alcanza para una jubilación razonable? Y la respuesta es: por la falta de continuidad laboral. En nuestros países, la precariedad laboral hace difícil tener una historia consistente de aportes. En especial en la juventud, donde los aportes son más importantes debido al interés compuesto: 100 pesos aportados al principio implican más de 1700 pesos para jubilación con 10% anual de rendimiento. 100 pesos al final, son 100 pesos de rendimiento.
La conclusión con todo esto es que el sistema de reparto como lo conocemos en algún momento va a quebrar. Y el sistema de capitalización individual privado tiene algunos problemas solucionables, como excesos en tarifas y mala administración, y problemas que lo hacen inviable como sistema único en nuestro país, como el trabajo en negro y la falta de continuidad laboral.
Posibles soluciones
Como solución a los problemas previsionales de los distintos países hay un cierto consenso en un sistema de tres pilares:
- Un sistema público de garantía que funciona como el sistema de reparto, donde el gobierno es responsable de garantizar una jubilación mínima para toda la población. Esto es parcialmente implementado en el sistema argentino del 94 (parcialmente, porque no alcanza a cubrir el mínimo razonable).
- Un sistema privado, semipúblico o público de capitalización individual en el cual los trabajadores deben aportar y que funciona como las AFJPs (solo que con controles y comisiones razonables).
- Un sistema privado de capitalización individual opcional, que provea opciones de inversión más riesgosas y con más decisión de parte del aportante. Esto funciona como fondos de inversión cuyo objetivo es la capitalización a largo plazo, con algo de control de parte del estado para evitar que empresas inescrupulosas “les encajen” a futuros jubilados bonos cuyo pago ya es imposible (alusión a los pobres italianos y alemanes que se vieron embaucados con bonos argentinos).
Financiamiento nacional (El “manotazo”)
Se entiende de la parte anterior que el sistema de AFJPs como está planteado no tiene sentido en nuestro país, por lo que su reestructuración es algo que se viene pensando hace tiempo. Lamentablemente, el apuro con el cual se planteó la reforma ocultó las buenas razones para intentar una reforma y expuso las malas razones para que se lo quiera hacer de urgencia: vencimientos de la deuda del 2009 y 2010.
Veamos con un poco más de detalle la situación. En el 2005 se renegoció la deuda externa Argentina que estaba en default. Como consecuencia de esa renegociación, los pagos más fuertes se tiraron lógicamente para adelante, ya que debido a la expectativa de crecimiento, se suponía más fácil pagar después. Lo más fuerte quedó para pagar entre el 2009 y el 2011. Luego de eso se decidió pagar al FMI para cortar ingerencia del mismo en las decisiones económicas del país, que se aprovechó para manipular información y así pagar menos a los dueños de bonos que se indexan por inflación. Este hecho junto con los “holdouts” y algunos otros abusos de discurso del gobierno lograron un costo de crédito para el país muy superior al esperable por las variables económicas. No es difícil pensar que el gobierno kirchnerista se alegró de esta situación. Mientras que se pague menos deuda y no se necesite plata, qué les importa la falta de créditos.
El problema surgió cuando el crecimiento mundial ya empezó a notarse en declive, lo cual bajó notablemente la expectativa de crecimiento nacional por falta de mercados. Con un crecimiento de exportaciones sostenido, la deuda era razonablemente pagable, pero con la nueva situación, no es tan seguro. Y como el crédito externo es muy difícil para un gobierno que lo ha despreciado durante varios años, no hay posibilidad de financiamiento que no sea interno. Ahí es cuando el gobierno decidió apurar el proyecto de vuelta al reparto. Hay unos 90 mil millones de pesos acumulados ahí que podrían ayudar, de los cuales una buena parte están en bonos nacionales que se podrían postergar. Además de unos 13 mil millones de pesos anuales de aportes.
Por todo esto, si el gobierno no encuentra financiamiento interno, hay una seria posibilidad de default. Lo cual puede ser más complicado para el futuro de todos los argentinos, jubilados incluídos. Por otro lado, si el gobierno está pagando la deuda externa razonablemente, ¿por qué no podría pagar esa deuda a actores internos y así evitar mandar divisas afuera?
Tranquilamente se puede implementar un sistema de acumulación de reservas para jubilados y pensionados que se utilice como fondo de inversión para el gobierno, viviendas y empresas. El tamaño de semejante fondo nos permitiriría encarar proyectos de infraestructura y desarrollo difíciles de realizar con un flujo de caja normal. Además, al cobrar intereses, permitiría transferir parte de la riqueza general del país al fondo y mejorar de esa manera el nivel de fondos disponibles para jubilaciones. Riqueza que de otra manera sería transferida a la banca. De no hacerse esto, con el tiempo no alcanzarían los fondos para cubrir jubilaciones dignas, como ya se mostró arriba. Lo importante y difícil para nuestro país, es administrar bien los fondos del ANSeS, de manera de siempre tener incrementos y nunca estar tan arriesgados en las inversiones de no poder pagar a los jubilados presentes. Es más que factible con algo de honestidad, aunque en nuestro país suene imposible.
Sin embargo, ante la segura estafa de las AFJPs, prefiero el posible abuso del gobierno. Por lo menos se supone que el gobierno cuida nuestros intereses. Las empresas están para hacer ganancias.
Problemas colaterales
Hay dos problemas adicionales que se vienen mencionando como consecuencia de la vuelta al reparto:
- El fin del mercado de valores: se argumenta que debido a que las AFJPs son actores importantes en el mercado, su eliminación hacen que la bolsa de Buenos Aires pierda sentido. Por cierto que sea este argumento, una bolsa que depende de la manipulación cuestionable de aportes previsionales, ya es poco seria. Si no hay inversores que hagan crecer nuestro mercado de valores, la falla está en el atractivo de las acciones. Disfrazarlo con fondos prestados no me parece una solución. Tenemos que buscar que la gente invierta en empresas de otra manera.
- El gobierno pasa a tener propiedad y voto en empresas privadas: esta preocupación es más seria. Las AFJPs tienen participación importante (más del 20% del mercado) en varias de las empresas más importantes del país. Si el gobierno tiene una participación de las empresas, el poder acumulado en el gobierno no es bueno. No veo mal que el gobierno participe de algunas industrias estratégicas (energía, alimentos, agua, etc.). Pero la ingerencia debería ser nula, para evitar problemas. Una participación de ganancias, con voz pero sin voto, quizás sea bueno para mejorar las relaciones del gobierno con las industrias.Si el problema es la desconfianza del mercado porque el gobierno tenga acciones de empresas, se puede plantear su venta escalonada para afectar el mercado lo menos posible.
Medios, ¡malditos medios!
Este es el problema más grave, que siempre me lleva a querer escribir estos textos. Los medios producen un cubrimiento de la información que es aberrante, con niveles de desinformación atroz. La mayoría de las notas que leo (y leo bastantes), plantean opiniones y conclusiones sin dar la información de trasfondo, evitando que los lectores puedan llegar a sus propias conclusiones. Es necesario tener muchas ganas de buscar los datos para encontrarlos. Incluso, a veces, los discursos
y declaraciones son manipulados, recortándolos y reordenándolos, dando una impresión bastante distinta de la que uno podría llegar directamente. Paso a mostrar algunas de las formas que esto a tomado en el contexto de las AFJPs.
Al igual que la ronda con el campo, está de moda argumenta sobre la ilegalidad de la medida. En aquella ocasión se hablaba de “confiscatorio”. Ahora se habla de “violación del derecho de propiedad”. En ambos casos, la ilegalidad solo debe determinar la corte suprema de justicia. En ambos casos y buenos argumentos para darnos cuenta que la justicia no podría declarar la inconstitucionalidad. En el caso de las retenciones, era muy complicado ya que las retenciones tienen mucha historia y muchas
veces se cobraron más altas. Incluso durante el conflicto se estaban cobrando más retenciones a las petroleras que a la soja. Difícil, muy difícil argumentar su inconstitucionalidad sin meternos en problemas graves.
Con el caso de las AFJPs llega a puntos ridículos. Primero, lo implementable por ley, debería poderse volver atrás por ley. Si fue una ley la que permitió las AFJPs, una ley debería permitir eliminarlas. Segundo, si lo acumulado en mi cuenta de la AFJP es mío, ¿por qué no puedo retirarlo para utilizarlo como se me plazca? Porque no es mi propiedad. Es mi futura jubilación, garantizada por el derecho a jubilaciones y pensiones que está establecido en el artículo 14 bis de nuestra constitución nacional, que dice:
[...] El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Se podría argumentar que las AFJPs son inconstitucionales, ya que no cumplen con la garantía de jubilación móvil mínima. Claro que esto no está exigido a las AFJPs. Si hubiera sido contemplado, no hubiera sido el negocio que fue. Por lo que la responsabilidad cae en el estado.
Otro argumento tendencioso es que casi todos “eligieron” quedarse en las AFJPs. Hace un par de años se empezó a implementar la idea de que vuelva el reparto, por lo que se permitió que quien desee pueda cambiar de sistema. Más del 80% nunca se cambió, lo cual justifica para algunos que “la voluntad popular” es que se mantengan las AFJPs. El problema con este argumento es que por defecto uno se mantiene en las AFJPs. La mayoría de la gente no se entera de estas posibilidades al menos que alguien se los grite. Y lo más importante, dado que todos estamos tan convencidos que sin importar quién sea el que nos estafe, la jubilación la tenemos jodida, la elección del sistema es poco relevante. Yo pregunto, ¿y si por defecto se los pasaba gradualmente a reparto mencionándolo solo al pasar? Seguramente la mayoría habría “elegido” el reparto.
¿Por qué no se lo hizo así entonces? Porque lamentablemente el poder de propaganda es muy fuerte. Y si el gobierno tiene que competir con empresas para convencer a la gente de que los van a estafar menos, están perdidos. No quita que el argumento sea falaz y tendencioso.
Otra idea que se repite cada vez que el gobierno toma una medida polémica es la búsqueda de pánico: el gobierno es capaz de agarrar cualquier cosa con tal de hacer “caja”. Antes quería sacarle la plata a los sojeros, ahora a los jubilados, ¡¡¡mañana te la va a sacar a VOS!!! El miedo es el peor de los argumentos.
También parece que varios medios insisten en que hay una voluntad generalizable de mantener las AFJPs, cuando a todas luces se puede concluir lo contrario: gran parte de los sindicatos y sus representantes prefieren reparto. Y gran parte de los políticos, incluso opositores, también cree más en el reparto. Lo cual me lleva al último punto: establecer dudas sobre los principios de los actores argumentando lealtades presupuestarias. Ningún grupo político ha sido más coherente en sus votos que el socialismo. Es indignante ver a un periodista reconocido y con muy pocos escrúpulos intentar desacreditar una votación que no es más que coherente con la actuación histórica, principios y electorado del partido, para encima argumentar que la única razón posible para semejante voto es la necesidad presupuestaria (ver La carrera entre el fracaso y la suma del poder).
Buenas propuestas
Por suerte todavía existen personas dispuestas a dar opiniones menos tendenciosas y más constructivas. En el mismo medio, La Nación, apareció una nota a Lavagna, donde da su opinión crítica sobre la situación, y mejor todavía, propone alternativas. También ahí hay una nota de Gustavo Ybarra que también es muy buena y acepta la coincidencia ideológica de la izquierda para apoyar el proyecto. Lamentablemente, Grondona y otros escriben hace varias semanas sobre lo ilegal, patotero y nefasto que es la nueva ley, mientras que la nota de Ybarra, que plantea un panorama crítico pero más amplio, recién sale el día de la votación de la ley en el senado.
Hasta no tener algo de ética en los periodistas y empresas de medios, es difícil tener una sociedad interesada en la vida civil. En especial cuando parece que la intención de algunos medios es crear divisiones.
Oposición seguida de desinterés del pueblo argentino
El problema grave de la falta de información y análisis crítico y constructivo es que se termina dividiendo a la gente en dos bandos, uno completamente a favor del cambio, argumentando (con acierto) todos los males de la actual situación. Y el otro bando, totalmente en contra, argumentando (también con acierto) todas las cosas que se van a hacer mal. Lo que siempre falta es plantear una posibilidad de cambio que mejore la situación actual y a la vez evite las posibles falencias del nuevo esquema.
Un buen ejemplo es la privatización de Entel. Las buenas razones para privatizar Entel era el deplorable estado del servicio, la difícil adquisición de tecnología nueva en una empresa completamente estatal y la ya clásica visión de eternos ñoquis que produce el trabajo en el estado, fundamentado por el clientelismo que fomenta el tener gran cantidad de empleados públicos. Cuando se planteó su privatización se argumentó que entregar los servicios telefónicos a multinacionales en condiciones favorecidas (monopólicas) iba a perjudicar a toda la población al no tener maneras de defenderse de posibles abusos. Que si se aumentaban las tarifas y se invertía bien en mejorarlas el gobierno podía beneficiarse al hacerlas rentables.
Desde el otro lado se argumentaba, también razonablemente, que si el gobierno no había podido brindar un buen servicio hasta ahora, ¿qué razones había para que pueda mejorar en el futuro? Que una multinacional podía traer su experiencia y tecnología a mejorar el servicio. Y que era más fácil que una empresa privada cargue con los aumentos de tarifas que el gobierno.
Cuando finalmente se privatizó Entel la buena noticia fue que realmente mejoró el servicio. La mala fue que contentos con poder hablar nos olvidamos todos de mantener a raya el asunto y terminamos permitiendo un abuso ridículo por parte del dúo telefónico, como tener tarifas ridículamente altas, no permitir la competencia por 15 años y no exigir el adecuado nivel de inversión en infraestructura.
El punto es que además de buscar una buena solución al problema hay que hacer una buena ejecución y seguimiento. Privatizar Entel fue una buena solución. Instalar un monopolio por 15 años fue una mala ejecución. Permitir tarifas excesivas y pobre inversión fue mal seguimiento.
En cambio, privatizar YPF fue una mala solución a un problema inexistente. Supuestamente vendimos YPF por ser, ridículamente, la única petrolera que pierde plata. Pero teniendo en cuenta el valor del petróleo en el momento (cerca de 10 dólares el barril) y que la manipulación de cuentas del estado hacía que YPF mantenga varios de los servicios obviamente deficitarios, como ferrocarriles, obras sanitarias y la propia Entel, la realidad es que su privatización se hizo en base a embustes. Y siendo el control del recurso más estratégico lo que estaba en juego, mantenerla era importante. El asesinato de personas para su concreción es la marca de la estafa mafiosa más importante al pueblo argentino de las últimas décadas.
Institucionalidad y consenso
Lo más grave del accionar del gobierno en varias ocasiones ha sido derribar de golpe y porrazo toda una forma de proceder. Muchas de las medidas tomadas (o intentadas) podrían haber sido más fácilmente aceptadas si se las consensuaba y hacía con los tiempos adecuados. Muchas veces las intenciones del gobierno no eran exactamente contrarias a sus opositores, por lo que quizás se podría haber llegado a una posición intermedia que conforme a todos. Pero es costumbre nacional hacer las cosas cuando y como nos parece, ignorando todas las reglas y damnificados. Desde cruzar semáforos en rojo y no respetar los carriles, hasta pagar en negro y no pagar los impuestos que nos corresponden, la violación a todas las reglas está bien metido en la idiosincrasia nacional. Si nos acostumbramos a respetar las reglas y buscar consensos, este país puede llegar muy lejos.
Referencias
- http://www.clarin.com/suplementos/economico/2006/08/20/n-00801.htm
- http://luisandresespinoza.blogspot.com/2005/10/la-jubilacin-en-chile-y-en-el-mundo.html
- http://www.econlink.com.ar/afjp
- http://www.clarin.com/diario/1998/08/08/o-02201d.htm
Tags: jubilacion, sistema previsional